1. Parece claro que, desde la perspectiva del desarrollo, la relación
entre beneficio empresarial e inversión se sitúa como un factor clave,
probablemente el elemento condicionante fundamental de la evolución económica y
social de Europa, al menos desde los años 70 del siglo XX.
2. Dos son las variables que, desde este punto de vista, nos
interesan. El primero de ellos es la rentabilidad y su evolución a lo largo del
tiempo. El segundo, la correlación entre la evolución de la rentabilidad y la
evolución de la inversión que, a su vez, sería el factor determinante del
desarrollo económico a medio y largo plazo.
3. El cálculo de estas variables no es tan sencillo como pudiera
parecer. Los conceptos de rentabilidad y de inversión que es necesario
identificar son muy concretos en el ámbito microeconómico pero, con frecuencia,
han inducido a errores de interpretación a partir de los datos de las contabilidades
nacionales.
4. En primer lugar, cuando hablamos de la rentabilidad empresarial,
es esencial tener en cuenta que nos referimos a la rentabilidad de las
inversiones. Evidentemente, no se trata de relacionar los beneficios actuales
con los activos también actuales de las empresas, como algunos análisis han
intentado. Se trata, por supuesto, del coste histórico de las inversiones. Recordemos
que nos interesa el coste total y, por lo tanto, no sólo la inversión en
activos fijos, aunque esta inversión pueda ser una aproximación.
5. El concepto clave es, por supuesto, posicionarse en la perspectiva
del inversor que debe tomar la decisión de realizar o no una inversión. Esto
implica tener en cuenta la totalidad de costes fijos y variables de la inversión
y compararlos con la rentabilidad esperada de la misma. Los datos de la
contabilidad nacional nos dan referencias cercanas a estas variables, pero difícilmente
referencias muy precisas.
Los problemas surgen, en particular, a la hora de trasladar los
conceptos desde el inversor individual al ámbito macroeconómico.
6. En particular, es esencial tener en cuenta que beneficio de la
inversión y beneficio de la empresa no son conceptos equivalentes. El beneficio
de la inversión incluye todas las utilidades obtenidas por el inversor como
consecuencia de la inversión. Y ello no implica que esas utilidades se
trasladen a los beneficios de la empresa.
7. Si es cierto que los beneficios empresariales son el motor
fundamental de la inversión, esto no afecta necesariamente a los beneficios “de
la empresa”. Muchas empresas invierten no porque las utilidades de la inversión
aumenten directamente la cuenta de resultados. Con frecuencia, lo hacen para
evitar ser desplazados por la competencia. Esto es habitual, por ejemplo, en
sectores o territorios con salarios altos. Son precisamente estos salarios
altos los que obligan a los empresarios a optar por modelos empresariales más
intensivos en capital y, por lo tanto, a invertir intensivamente. Esto no
significa que esas inversiones no sean rentables, sino que lo son teniendo en
cuenta con frecuencia utilidades indirectas de posicionamiento, cuota de mercado,
etc. También inciden, por supuesto, las utilidades que pueden obtenerse de
utilizaciones alternativas de los recursos destinados a la inversión, como
inversiones financieras, especulativas, mercados ilegales, disposición de mano
de obra barata, deslocalización, etc.
8. Estos conceptos son relativamente fáciles de explicar microeconómicamente
pero su traslación a la contabilidad nacional es ciertamente más compleja.
9. De cualquier forma, esto sí
nos indica cómo, desde la perspectiva de la política económica y del modelo de
desarrollo, a la vez que es esencial ser conscientes del papel central que los
beneficios “empresariales” desempeñan como motor de la economía privada no
cooperativa, es también fundamental ser conscientes de que el objetivo no debería
ser en ningún caso maximizar los beneficios “de las empresas” en términos
nominales sino impulsar la rentabilidad “relativa” de las inversiones
productivas. Ello supone tanto ayudar a la rentabilidad directa de las nuevas inversiones
productivas como desincentivar las inversiones no productivas o basadas en
actividades de menor valor añadido.